Moderado por Lilibeth Cárdenas, viceministra del Ministerio de la Mujer de Panamá, el panel contó con las presentaciones de Martha Delia Leiva, gerenta de Estadísticas Sociales y Demográficas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Honduras, quien expuso sobre las buenas prácticas y desafíos de la Encuesta Nacional Especializada sobre la Violencia contra las Mujeres y Niñas (ENESVMN). Por su parte, Carol Watson, analista e investigadora de políticas sociales de reThink Social Development en Jamaica, presentó de forma virtual las directrices para la gestión de datos sobre violencia contra las mujeres y las niñas en la Comunidad del Caribe (CARICOM). Evelin Elizabeth Ovalle, asesora de la Unidad de Género del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Guatemala, ofreció una visión detallada de los indicadores de la Encuesta de calidad y bienestar de los hogares, 2023.

Durante el panel, Teresa Guerra, coordinadora del Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género (CEEG) de ONU Mujeres, presentó el Marco Estadístico para la Medición de los Homicidios de Mujeres y Niñas por Razones de Género. Este marco ofrece una definición estadística del homicidio de mujeres y niñas por razones de género, también denominado femicidio/feminicidio, y busca armonizar y mejorar la recolección y el análisis de datos sobre este fenómeno. El marco se encuentra actualmente en fase de piloto en varios países de América Latina y el Caribe.

A continuación, Adriana Oropeza, Coordinadora del Centro de Excelencia UNODC-INEGI para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, presentó los resultados preliminares del piloto en Ecuador y República Dominicana. Abordó los avances en la implementación del marco, sus características y alcances, y ofreció una visión general de los progresos obtenidos. Informó que la primera fase del piloto incluyó visitas a instituciones clave, como la Policía Nacional, los Institutos de Ciencias Forenses, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Mujer, entre otros, para conocer cómo las variables recolectadas se alinean con el marco. También se discutieron las prácticas que facilitan la implementación del marco y se identificaron variables aún no sistematizadas en los países participantes.

Este panel representó un avance en la mejora de la recolección y el análisis de datos sobre homicidios de mujeres por razones de género, apoyando el desarrollo de políticas públicas más efectivas basadas en una perspectiva integral.

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Adriana Oropeza, coordinadora del CdE recordó que el objetivo de la Guía es orientar a los países en la región en la implementación de los “Lineamientos para la producción de datos estadísticos por parte de la policía” de UNODC, de los cuales, a fin de identificar el tipo de información con la que cuentan las policías se retomaron seis de las doce dimensiones que conforman los Lineamientos: Recursos Humanos, Hechos delictivos, Arresto y Detención, Operaciones de incautación, Uso de la fuerza y de armas de fuego y Conducta profesional.

Adrián Franco, Vicepresidente del INEGI, señaló que “uno de los beneficios de la elaboración de este trabajo es la vinculación entre las policías y las Oficinas Naciones de Estadística para el diseño e implementación de políticas públicas de seguridad”. En tanto, Pablo Villatoro de la División de Estadística de la CEA-CEPAL, enfatizó que además se contribuirá al fortalecimiento y mejora de los registros administrativos de las policías y con ello “la disponibilidad de datos pertinentes y de calidad para que los países de la región puedan diseñar e implementar políticas públicas en materia de seguridad eficientes y de alto impacto”.

Por su parte las Oficinas de Estadística de Chile y Guatemala presentaron los avances realizados en la recolección de datos; mientras que la Policía Nacional de Ecuador y la Policía Nacional del Perú presentaron casos de estudio sobre los sistemas de información de las policías en dichos países.

Agradecemos la participación de Claudia González del Instituto Nacional de Estadística de Chile, Yocelin Zamora del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, Peter Abad del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, Capitán Roger Chipa de la Policía Nacional del Perú, Mildred Martínez de la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana, Yasmin Quintero del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá; y del Teniente Brayan Pasquel de la Torre de la Policía Nacional de Ecuador.

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De acuerdo con las recomendaciones internacionales de las Naciones Unidas y en particular de la UNODC en su Manual de Encuestas de Victimización, recomienda -en la medida de lo posible- la recolección de la información por medio de una entrevista cara a cara con apoyo de un dispositivo electrónico (computer-assisted personal interview – CAPI, por sus siglas en inglés). Esta técnica tiene diversas ventajas, entre ellas (ver sección 4 del Marco Conceptual de la Iniciativa VICLAC):

• reducir el costo de material impreso y del personal (digitadores y capturistas);
• reducir errores durante el levantamiento al aplicar pautas de validación en tiempo real;
• el uso de cuestionarios más largos y complejo;
• evitar la pérdida de información al poder respaldarla con frecuencia; y
• asegurar la confidencialidad de la información con técnicas de encriptación.

Con base en esta recomendación, el Centro de Excelencia UNODC-INEGI desarrolló el Cuestionario VICLAC (versión 2021) en formato electrónico usando la plataforma gratuita Survey Solutions del Banco Mundial. Para acceder al cuestionario electrónico, es necesario crear una cuenta en esta plataforma (más información https://designer.mysurvey.solutions/identity/account/register).

Como apoyo complementario, el CdE elaboró una guía de implementación para crear un servidor en Google Cloud Plataform (con el sistema Docker) para enviar las respuestas recolectadas desde cualquier sitio siempre y cuando los dispositivos de recolección tengan acceso a internet.

Utilice el siguiente enlace https://forms.office.com/e/TiLfMAcmhd para solicitar el Cuestionario electrónico VICLAC y la guía al Centro de Excelencia UNODC-INEGI.

Al adoptar la metodología VICLAC, los países pueden producir información relevante y comparable para medir la seguridad y la victimización, y para informar sobre el progreso de la Agenda 2030, específicamente los indicadores del Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles (indicador 11.7.2) y del Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas (indicadores 16.1.3, 16.1.4, 16.3.1 y 16.5.1).

Para solicitar asistencia técnica para la implementación de Encuestas de Victimización en la región de América Latina y el Caribe, contacte al Centro de Excelencia UNODC-INEGI:

unodc-mexico.cde.estadistica@un.org

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El Sr. Peter Abad Altamirano inició la presentación detallando las cifras y tasas de feminicidio en el país, junto con la metodología utilizada para obtener estos datos durante el periodo 2015-2023. También abordó aspectos relacionados con los mecanismos y motivaciones del feminicidio, así como la relación entre la víctima y el perpetrador. Además, presentó información sobre la reclusión de los autores de este delito, incluyendo características como su edad y estado civil. Finalmente, proporcionó datos sobre la violencia contra la mujer, obtenidos de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (2019) y la Encuesta Demográfica de Salud Familiar, que se realiza anualmente.

La Sra. Elba Marcela Espinoza Ríos destacó la importancia de contar con una metodología estandarizada para la obtención de cifras consistentes sobre feminicidio y reflexionó sobre la gravedad del fenómeno, tanto de aquellos perpetrados por parejas íntimas como por personas sin relación íntima con la víctima. Asimismo, subrayó el impacto de los estereotipos de género en la perpetuación de la violencia contra la mujer y el feminicidio.

La Sra. Bethy María Espinoza Rivas enfatizó la relevancia de la estandarización de datos para obtener cifras homologadas sobre feminicidio en el país. Señaló cómo las dinámicas desiguales entre hombres y mujeres afectan el avance de las mujeres y resaltó la necesidad de aplicar una perspectiva de género en las políticas públicas para combatir la violencia contra ellas.

Finalmente, la Sra. Adriana Oropeza Lliteras habló sobre el Centro de Excelencia UNODC-INEGI (CdE), sus áreas de trabajo y algunas de las asistencias técnicas que se están brindando en países de la región. Introdujo el Marco estadístico para medir el homicidio de mujeres y niñas por razones de género (también denominado “femicidio/feminicidio”), actualmente en fase piloto en algunos países de Latinoamérica y el Caribe. Explicó la dinámica diferenciada de las tasas de homicidio entre mujeres y hombres en la región, señalando que mientras los homicidios de hombres son en su mayoría perpetrados por desconocidos u otros hombres, los homicidios de mujeres ocurren principalmente en la esfera íntima y son cometidos por personas conocidas a la víctima. Reconoció al informe “Perú: Feminicidio y Violencia contra la Mujer, 2015-2023” por su detallada información sobre las características de las víctimas y perpetradores, comentó sobre 4 buenas prácticas identificadas para generar los datos de feminicidio resaltando la coordinación interinstitucional para la obtención de cifras estandarizadas. También ofreció asistencia del CdE para la adopción del Marco Estadístico de Medición del Feminicidio en caso de que el país así lo deseara.

Para cerrar, el Sr. Peter Abad Altamirano agradeció a las instituciones que colaboraron en la elaboración del informe y compartió reflexiones finales sobre lo perjudicial de algunas ideas sociales que perpetúan la violencia contra las mujeres.

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Este informe, revela grandes retos que enfrentan los sistemas penitenciarios en el mundo que atentan contra los derechos a la salud, la seguridad y la integridad de las personas privadas de la libertad, entre los cuales se encuentran:

1. Incremento de la población privada de la libertad. Aunque en la pandemia de COVID-19 se registró una disminución, de 2012 a 2022, aumentó un 5.5% al pasar de 10.9 millones de personas privadas de la libertad a 11.5 millones. De acuerdo con las estimaciones de 2022, América es la segunda región con el mayor número de personas privadas de la libertad, donde América del Norte y América del Sur son las subregiones con el mayor número de personas privadas de la libertad con 1.8 y 1.3 millones respectivamente.
2. Casi un tercio de la población privada de la libertad se encuentra en prisión preventiva. A nivel mundial, 3.5 millones de personas se encuentran en prisión preventiva, es decir, poco más del 30% se encuentran sin sentencia. Aunque a nivel mundial la proporción de hombres (31%) y mujeres (30%) sin sentencia es similar, Oceanía y África presentan una proporción de mujeres sin sentencia por encima del 40%; mientras que en América, la proporción de mujeres sin sentencia es de 35%.
3. Las prisiones presentan sobrepoblación. En 60% de los países en el mundo (con datos disponibles), las prisiones funcionan al 100% de su capacidad o se encuentran sobrepobladas; mientras que 1 de cada 5 países funciona a más del 150% de su capacidad. En África y América 70% los países (con datos disponibles) reportan sobrepoblación en las prisiones, ya que operan por encima del 100% de su capacidad.
4. Las muertes en prisión pueden prevenirse, 1 de cada 10 muertes al interior de las prisiones son suicidio.  De acuerdo con datos disponibles, a nivel global se registraron 34.2 muertes por suicidio de personas privadas de la libertad por cada 100 mil, esta cifra se encuentra por encima de la tasa de suicido entre la población general, que es de 9.2 muertes por cada 100 mil habitantes. Por otro lado, la tasa de homicidio intencional al interior de las prisiones es de 12.2 por cada 100 mil personas privadas de la libertad, mientras que entre la población general la tasa es de 5.8 muertes por homicidio intencional por cada 100 mil habitantes. Es decir, en la mayoría de los países con datos disponibles, la tasa de homicidio intencional es más alta al interior de las prisiones que entre la población general y América es la región con la mayor tasa de muertes por homicidio intencional al interior de las prisiones con 18.3 víctimas por cada 100 mil personas privadas de la libertad.
5. Existe un reconocimiento de los sistemas penitenciarios sobre la importancia de la rehabilitación y la reinserción social en las prisiones. De acuerdo con la información reportada por las administraciones penitenciarias, 4 de cada 5 administraciones han desarrollado una estrategia puntual para la rehabilitación y reinserción de las personas privadas de la libertad, de las cuales, la mitad ha incorporado la participación de las personas internas para la planificación. Sin embargo, no se cuenta con pruebas sobre el alcance de la implementación de estas estrategias.

Todos estos desafíos, urgen a los países a duplicar esfuerzos en el diseño e implementación de políticas públicas basadas en evidencias para: prevenir las conductas delictivas, principalmente en las poblaciones jóvenes, mejorar las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad, fortalecer las estrategias de reinserción social y garantizar el acceso a la justicia.

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Durante las sesiones, analizaron la construcción y validación de indicadores de incidencia para explorar la afectación de factores de expansión, así como los tipos de poblaciones en el cálculo de la incidencia de delitos.

Otras discusiones y análisis estuvieron enfocados en la presentación de buenas prácticas del INE en el uso de paradatos de la plataforma de recolección en campo Survey Solutions del BID, en combinación con la inteligencia artificial, para la comprobación de errores en los levantamientos de información en campo. Otra práctica discutida es el uso de relatos de delitos analizada a través de un modelo API de predicción de delitos, para fortalecer la certeza y confianza en las estimaciones.

Finalmente, personal técnico del Centro de Excelencia UNODC-INEGI presentó los principales avances que ha tenido la Iniciativa VICLAC en los últimos años, así como sus perspectivas a futuro, abriendo la invitación al INE de Chile como parte del Grupo de Trabajo de la Iniciativa VICLAC, a compartir estas experiencias en pro de la mejora de la medición de la victimización y la percepción de seguridad en la región.

La UNODC, a través del Centro de Excelencia UNODC-INEGI, agradece la confianza depositada en la organización y continúa a disposición para continuar colaborando en la mejora de las estadísticas de delincuencia y justicia penal a nivel nacional, regional e internacional.

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Para consultar los resultados y documentos metodológicos de la ENUSC 2023, visite: https://cead.spd.gov.cl/estudios-y-encuestas/ y https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/seguridad-publica-y-justicia/seguridad-ciudadana

Para solicitar asistencia técnica al Centro de Excelencia UNODC-INEGI para implementar encuestas de victimización en el marco de la Iniciativa VICLAC, contáctenos a través del siguiente correo: unodc-mexico.cde.estadistica@un.org

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Colaboración internacional y mejora metodológica

Esta oferta de información es producto de la visión y coordinación institucional, de la asignación de presupuesto para contar con un instrumento con mayor desagregación geográfica, a un proceso de varios años de actualización acompañado de la asistencia técnica brindada por el Centro de Excelencia UNODC – INEGI y a la adopción de la Iniciativa VICLAC. La Sra. Luisa Sánchez-Iriarte, investigadora en delincuencia y justicia penal del CdE UNODC-INEGI, resaltó esta incorporación, incluida la de la Clasificación Internacional del Delito con Fines Estadísticos ICCS y la inclusión de nuevos indicadores que permiten una visión más clara y completa de la seguridad en Chile. También señaló que la nueva ENUSC 2023 complementa la información estadística que se produce con base en los registros administrativos existentes, mide la cifra oculta del delito (delitos no denunciados ante alguna autoridad competente) y mejora la comprensión de la percepción ciudadana sobre la seguridad. Finalmente, afirmó que la encuesta, la pionera en la región y por consecuencia la más longeva y constante en su tipo, es ahora capaz de monitorear los 5 indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente del ODS 11: Ciudades y Comunidades  Sostenibles (indicador 11.7.2) y del ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (indicadores 16.1.3, 16.1.4, 16.3.1, 16.5.1).

Avances clave

Durante el evento, el Sr. Diego Rodríguez, Jefe de Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales del INE, destacó los avances claves en la nueva ENUSC 2023:

• Metodología actualizada:  Se amplían los delitos medidos y adopta una metodología alineada a estándares internacionales y regionales como la Iniciativa VICLAC, el Manual de Encuestas de Victimización, y la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos ICCS;
• Ampliación de muestra: Se asignaron recursos financieros que permitieron ampliar el tamaño de la muestra a cerca de 55 mil viviendas, ampliando la cobertura geográfica a 136 comunas, lo que permite analizar con mayor precisión y desagregación temática las experiencias de la población.
• Indicadores actualizados: Medición detallada de delitos violentos, hurtos, delitos económicos, amenazas, extorsión, delitos de odio, acoso físico y sexual, soborno, delitos cibernéticos (ciberacoso/ciberbullying, suplantación de identidad, software malicioso), y vandalismo.

Panel de expertos

Posterior a la presentación oficial de resultados, el subdirector técnico del INE, el Sr. Leonardo González, lideró un panel de expertos en donde la discusión se centró en la experiencia de esta actualización metodológica y qué información nueva y detallada puede ofrecer a los tanques de pensamiento, academia y demás personal investigador con el fin de utilizar los datos para generar política pública basada en evidencia. Este panel de expertos forma parte del Consejo Asesor del Sistema de Prevención del Delito de Chile, en donde participaron el Sr. Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana; la Sra. Sandra Quijada, Coordinadora del Área de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos y ex directora nacional INE, y el Sr. Cristián Ayala, director en Dirección de Estudios Sociales de la Universidad de Chile (DESUC). Igualmente, el Centro de Excelencia UNODC-INEGI tuvo una intervención donde se destacaron las características principales de la Iniciativa VICLAC y cómo integra la herramienta metodológica de la ICCS. Destacó también que Chile ha sido parte del Grupo de Trabajo de la Iniciativa VICLAC desde su creación en 2013.

Todas estas acciones abonan a fortalecer el sistema estadístico del país, al mejorar la medición de la violencia, la victimización, y el acceso a la justicia, con el fin de generar mejores registros, y en consecuencia, mejores estadísticas delictivas cada vez más oportunas y de mejor calidad para la toma de decisiones de política pública basados en evidencia.

A través de este proceso de renovación basado en los estándares internacionales ya mencionados, que abona a monitorear el avance de la Agenda 2030, Chile reafirma su compromiso con la comunidad internacional estadística sobre seguridad y justicia.

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Para consultar los resultados y documentos metodológicos de la ENUSC 2023, visite: https://cead.spd.gov.cl/estudios-y-encuestas/ y https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/seguridad-publica-y-justicia/seguridad-ciudadana

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El objetivo principal del Diploma Superior es proporcionar a los estudiantes una comprensión integral de los procesos de medición de la violencia de género contra las mujeres, basados en encuestas, registros administrativos y estadísticas producidas por organismos estatales en América Latina, así como las herramientas necesarias para la comparabilidad regional. El programa también abordará los mecanismos de monitoreo y la producción de datos sobre violencia contra las mujeres generados por organizaciones de la sociedad civil. Este diploma se caracteriza por su enfoque formativo virtual, que incluye clases expositivas y foros de discusión, dirigidos por profesionales y académicas con amplia experiencia en la formulación, análisis de políticas públicas y medición de la violencia de género en la región de América Latina y el Caribe.

Durante el evento inaugural, participaron representantes de las organizaciones implementadoras y el profesorado del diploma, provenientes de instituciones como el Banco Mundial, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI-OEA), GENDERS A.C., Datos Contra Feminicidio, el Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género de ONU Mujeres, y del Centro de Excelencia UNODC-INEGI. De este último habló la Coordinadora del proyecto, Adriana Oropeza, quien presentará el Marco Estadístico para Medir el Homicidio de Mujeres y Niñas por Razones de Género (también denominado “Femicidio/Feminicidio”) en el Diploma. Este marco es una herramienta integral desarrollada por los centros de excelencia de UNODC y ONU Mujeres, diseñada para estandarizar y mejorar la calidad de los datos sobre homicidios de mujeres y niñas por motivos de género, facilitando así una mejor comprensión y respuesta a este fenómeno.

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En esta ocasión, el Centro de Excelencia UNODC-INEGI (CdE) participó con la presentación de la iniciativa “Salvando vidas: aprovechamiento de la Inteligencia Artificial y los datos para prevenir la violencia”. Dicha iniciativa busca descubrir patrones en los textos de los reportes de las llamadas de emergencia al 9-1-1 para detectar casos de violencia contra la mujer que, por la naturaleza de la clasificación asignada por las personas operadoras para atender la emergencia, no pudieron ser identificados.

En este marco, se presentaron las Estimaciones Globales sobre Feminicidio publicados por UNODC y ONU Mujeres en 2022, donde se señala que, en los homicidios de mujeres a nivel global, el 55% son cometidos por sus parejas y miembros de sus familias, en comparación al 12% en el caso de los homicidios de hombres.

Durante la presentación se destacó que la detección de los casos y las estadísticas se basan en fuentes de información tradicionales, como los son los registros administrativos y las encuestas, teniendo éstas ciertas ventajas y desventajas. Por lo que esta iniciativa se basa en el uso de fuentes no tradicionales, como los registros de las llamadas de emergencia, que tienen la característica de ser una fuente de datos no explorada debido a la complejidad de los textos no estructurados, pero que contienen información valiosa, por ejemplo, la identificación casos de violencia contra la mujer.

De forma general se describió la metodología utilizada, misma que se desarrolla en cinco fases que incluyen el análisis del contexto, la revisión y limpieza de datos, y el diseño y entrenamiento de modelos basados en Redes Neuronales Artificiales para el Procesamiento de Lenguaje Natural.

Finally, Adriana Oropeza, coordinator of the CoE, pointed out the main challenges that the CoE has faced when trying to replicate this exercise due to access, availability, privacy and security of data; to the legal frameworks and the need to implement statistical processes that make phenomena of interest visible.

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En este marco, se presentaron los últimos ajustes realizados a la matriz que contiene 133 indicadores que permiten visibilizar la:

1. violencia en razón de género, con un especial énfasis en identificar delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes;
2. recursos humanos y físicos de las instituciones relacionadas con la investigación e impartición de justicia en Bolivia.

Estos indicadores están comprendidos dentro de diez temas prioritarios: abuso sexual, carga procesal, estructura (recursos humanos), feminicidio, fuerza Laboral, infanticidio, profesionalización, violación; violación de infante, niña, niño o adolescente; y violencia familiar o doméstica.

De estos, el Consejo la Magistratura participará en la revisión, selección y priorización de máximo 30 indicadores, para una primera fase, con base en siete criterios de aseguramiento de calidad estadística: relevancia, accesibilidad, precisión, oportunidad, puntualidad, comparabilidad y confiabilidad.

Adriana Oropeza, coordinadora del CdE, destacó que este conjunto de indicadores además se encuentra alineado a los “Lineamientos estadísticos para la producción de datos estadísticos por parte de la fiscalía y los tribunales”, particularmente en cuatro de sus doce dimensiones: recursos humanos, recursos físicos, enjuiciamiento de causas penales y juicios penales, lo cual contribuirá a determinar, clasificar y explicar qué se quiere medir con cada indicador.

Por su parte, Mónica Bayá, Secretaria Técnica de la Comunidad de Derechos Humanos (CDH), señaló que frente al manejo de distintos datos de un mismo fenómeno por parte de las instituciones, este ejercicio contribuirá a homologar criterios de medición.

Al respecto, Teresa Ledezma, Coordinadora del Proyecto “Acceso a la Justicia” de UNODC-Bolivia, señaló la importancia de consolidar una batería de indicadores de género que permita contar con información estandarizada, a fin de contribuir al diseño de políticas públicas basadas en evidencia en un tema tan relevante como lo es la violencia en razón de género.

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