Instituciones en Panamá inician acciones en conjunto para prevenir delitos asociados a los préstamos informales “gota a gota”: extorsión, amenazas y agresiones
Un préstamo informal puede responder a una necesidad o a un deseo de liquidez: atender una emergencia, sostener un pequeño negocio o adquirir un bien. El riesgo aumenta cuando estos esquemas son utilizados por grupos criminales y los mecanismos de cobro incorporan amenazas, agresiones, extorsión, explotación u otros delitos.
El 7 de octubre de 2026, el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, dirigido por Aracelis de Casanova, convocó una mesa técnica con instituciones de distintos sectores para compartir información y experiencias sobre los préstamos informales “gota a gota” y avanzar en la identificación y priorización de acciones conjuntas.
La discusión permitió observar perfiles y dinámicas diferenciadas en la región. En Panamá, el SIEC señaló afectaciones entre comerciantes informales, microempresarios y otras personas que recurren a mecanismos de crédito inmediato. También destacó la participación de personas de otras nacionalidades que permanecen temporalmente en el país y que, en algunos casos, se encuentran asociadas con estructuras de crimen organizado.
Bajo la coordinación de la Oficina Regional de UNODC para Centroamérica y el Caribe en Panamá, Adriana Oropeza, Coordinadora del Centro de Excelencia UNODC–INEGI, presentó los resultados del estudio desarrollado en Costa Rica con el apoyo del SDG Fund y del Centro de Excelencia. La experiencia mostró también una aplicación innovadora de los registros del Sistema de Emergencias 9-1-1: utilizar una fuente administrativa ya existente para generar, con costos marginales, información con alta resolución temporal y espacial sobre incidentes relacionados con el fenómeno, entre ellos riñas, uso de armas y conductas suicidas.
El estudio también mostró un perfil heterogéneo. El fenómeno no se limita a personas de menores ingresos o sin acceso al sistema financiero: incluye también a profesionales que enfrentan una emergencia de salud en el hogar, la reparación de un vehículo o las consecuencias económicas de la pandemia; jóvenes que utilizan estos créditos para adquirir bienes aspiracionales, como teléfonos móviles o calzado deportivo; y pequeñas empresas que requieren liquidez para financiar la compra de insumos.
Por parte de la Oficina de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur en Colombia, Jaime Palma, del Grupo de Análisis Regional contra la Extorsión del Área de Justicia y Prevención de Violencias, presentó la evolución del fenómeno de los prestamos informales, en el contexto de la crisis internacional de extorsión que se presenta actualmente en tales países.
Desde la experiencia Colombiana, se destacó la formulación de la Guía de Gestión Territorial para el Abordaje Integral de los Delitos Priorizados que incorpora análisis situacional, mapeo de actores y estrategias adaptables a distintos contextos. Esta Guía incluye seis herramientas tecnológicas de búsqueda avanzada, que facilita la toma de decisiones basadas en evidencia para prevenir y controlar delitos de extorsión.
Además, se presentaron otros productos, en fase de desarrollo por el Grupo, como un dashboard que permite la comparación de dinámicas y tasas de denuncia, y un storymap que documenta la expansión regional, respuestas estatales y la diversificación de los modus operandi extorsivos.
La experiencia de Costa Rica plantea una combinación de medidas de prevención y respuesta: educación financiera, programas de financiamiento dirigidos a las poblaciones que requieren alternativas de crédito, campañas de prevención diferenciadas por población y canal, e investigaciones integradas que articulen información judicial, financiera y administrativa.
La mesa técnica contribuye así a fortalecer la caracterización del fenómeno, articular información entre instituciones y orientar la definición de acciones prioritarias. La integración de evidencia, capacidades institucionales y experiencias regionales constituye una base para mejorar la prevención, la investigación y la protección de las personas frente a las distintas modalidades asociadas con los préstamos informales “gota a gota”.