Seminario Latinoamericano: Impacto del Crimen en la Economía de América Latina y el Caribe

De acuerdo con la CEPAL, el crecimiento promedio entre 2014 y 2023 fue 0,9%, siendo menos de la mitad del 2% observado en la década de los 80. La combinación de baja productividad, altas desigualdades y capacidades institucionales limitadas crea un entorno propicio para la expansión de economías criminales.

Este contexto funge como la antesala al Primer Seminario Latinoamericano sobre el Impacto del Crimen en la Economía de América Latina y el Caribe, realizado el 23 y 24 de septiembre de 2025 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Este seminario buscó analizar el impacto de la economía criminal en América Latina y el Caribe, así como identificar los principales desafíos y los esfuerzos existentes, con el fin de orientar el diseño de políticas públicas.

Durante la apertura, se subrayó que delitos como la extorsión, la violencia contra las mujeres, los homicidios en jóvenes y los delitos contra la propiedad no sólo generan costos humanos, sino que distorsionan los mercados, reducen la recaudación fiscal y erosionan la confianza institucional. Se destacó que la seguridad debe entenderse como un tema económico y de desarrollo, y que la región enfrenta el desafío de caracterizar de manera precisa el impacto de las economías ilícitas, que abarcan extorsión digital, trata de personas, minería ilegal y explotación laboral.

Las discusiones resaltaron que las economías ilegales en América Latina y el Caribe están determinadas por dinámicas de mercado, sistemas regulatorios y condiciones de gobernanza territorial, lo que implica que las políticas económicas por sí solas no bastan para enfrentarlas.

Se advirtió que su impacto no se limita a la violencia visible, sino que genera efectos menos visibles y duraderos sobre comunidades y territorios. Se mencionó la relación entre la generación de ingresos locales, y las distorsiones en determinados mercados, desigualdad, explotación de recursos naturales y humanos, debilitamiento institucional y concentración territorial de mercados ilícitos. Se enfatizó la necesidad de fortalecer las estadísticas económicas, sociales y de seguridad para medir con mayor precisión estas dinámicas. Otros aportes destacaron el crecimiento del uso de efectivo vinculado a la criminalidad, la práctica de cobros paralelos como los “derechos de piso” y la evolución de la violencia, que transita de ser interpersonal a una violencia económica, consolidando a la economía criminal como el principal desafío regional.

En este primer día se analizó la estructura de poder y los modos de operación de las economías criminales, se discutió el concepto de “poder ilegal”, su capacidad de controlar territorios y de influir en la vida cotidiana de comunidades y gobiernos locales y la dinámica, el valor económico y las implicaciones territoriales de la producción de coca, así como la relación entre muertes violentas y debilidad institucional.

También se expuso un ejercicio de réplica metodológica para medir flujos financieros ilícitos relacionados con drogas y tráfico de migrantes. El Centro de Excelencia UNODC-INEGI presentó una iniciativa innovadora que aprovecha los registros del servicio de emergencias 911 combinados con técnicas de inteligencia artificial para identificar y caracterizar fenómenos criminales emergentes, como los préstamos informales tipo “gota a gota”. Este enfoque innovador permite visibilizar prácticas que se desarrollan en la intersección entre lo formal e informal, generar evidencia sobre incidentes que la población percibe como emergencias —incluyendo casos asociados a armas o menores de edad— y, al mismo tiempo, aportar insumos valiosos para fortalecer servicios públicos, diseñar políticas preventivas y comenzar a visibilizar la caracterización de las economías informales e ilícitas en la región.

Los primeros resultados muestran que estas prácticas, asociadas a financiamiento de acceso rápido, se vinculan con emergencias relacionadas con posibles suicidios, riñas, armas o menores de edad, y generan insumos clave para fortalecer servicios públicos específicos en el territorio.

Estos primeros intercambios permitirán avanzar en una hoja de ruta regional para fortalecer la medición del crimen y sus efectos económicos, integrando los aportes de instituciones nacionales, organismos internacionales y academia.