Continúan las reuniones con especialistas para la implementación de una encuesta nacional sobre población penitenciaria en Chile

El 17 de agosto, el Centro de Excelencia UNODC-INEGI (CdE) organizó un encuentro con Gustavo Fondevila, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México y experto en prisiones en Latinoamérica y el Caribe, quien compartió con Paula Pérez y Ana Figueroa del Comité para la Prevención de la Tortura (CTP) del área penitenciaria de Chile, su amplia experiencia en el diseño e implementación de encuestas sobre personas privadas de libertad, especialmente en México, Brasil y Centroamérica.

Esta reunión se llevó a cabo en el marco de los trabajos preparatorios y de asistencia técnica del CdE al CTP, para elaborar una encuesta en Chile a nivel nacional sobre población penitenciaria, a fin de conocer su tratamiento y victimización, así como la corrupción que se vive al interior de los centros penitenciarios.

Gustavo Fondevila enfatizó, entre otras cosas, la importancia de identificar las brechas de victimización que existen entre hombres y mujeres no sólo al interior de las prisiones, sino a lo largo de todo el proceso de justicia penal. Asimismo, debido a los altos niveles e incremento de personas privadas de libertad sin sentencia en la región, señaló la necesidad de conocer cómo las personas procesadas y las personas sentenciadas enfrentan de manera diferenciada una serie de violaciones a sus derechos humanos.

Por su parte, Luisa Sánchez-Iriarte, Coordinadora interina del CdE destacó la importancia de este intercambio de experiencias, invitando a las personas participantes a continuar con este diálogo a fin de fortalecer el proceso de construcción de una Encuesta Nacional sobre personas privadas de libertad en Chile.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) tiene bajo su mandato apoyar a los países a recolectar información para reportar el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, incluido el ODS 16 que, entre sus metas, la 16.3 establece: “Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia a todas y todos”